Por Nicole Mendoza

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) anunció que se esoera que más de 60 mil visitantes llegarán al país en los primeros días del mes de abril.

Todo lo anterior llevaría inmerso la generación de divisas de cerca de 25 millones, así lo dio a conocer Maruja Acevedo, subdirectora del organismo de Turismo en dicho país.

Muchos de los visitantes llegarán al país guatemalteco desde Centroamérica, el sur de México, Estados Unidos y Europa. De esta forma el turismo extranjero crecerá en un 6% en relación a los 56 mil 700 visitas que atrajo Guatemala en la misma temporada del año anterior, sin embargo, aún  o se superan los 61 mil de la semana mayor del 2010.

Este tipo de movimientos en el turismo trae beneficios numerosos al sector hotelero ya que en los primeros días de esta semana han tenido ocupaciones de hasta el 80%.  Existen en dicho país 3, 035 hoeles, que suman 49 mil habitaciones.  
 
“Estamos bastante optimistas ya que existen reservaciones considerables para mayo y junio que no se dan normalmente”, explicó Alfonso Muralles, director ejecutivo de la Comisión de Turismo Sostenible de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

La Antigua Guatemala, como es conocido uno de los municipios de San Juan Sacatepéquez en Guatemala, será uno de los destinos donde más turistas arriben, debido a las celebraciones religiosas y se espera que más de 400 mil visitantes lleguen a las playas del pacífico.
 
 

Por Mirna Ortiz

Otto Pérez Molina, presidente del país de Guatemala, tomó juramentación al economista Miguel Gutiérrez, como el nuevo titular a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Anteriormente quién estaba a cargo de dicha Institución financiera era Rudy Villeda, quién renunciara al cargo el pasado febrero con el objetivo de que la administración entrante designara a su nuevo gabinete en todas las instancias, incluyendo la SAT.

El gobierno de Guatemala informó que parte de las nuevas designaciones para Rivera, será implementar nuevas leyes fiscales, la implementación de la tecnología adecuada para sus actividades y formar una nueva estructura en todo el servicio Tributario del país centroamericano, de esta manera busca reducir criterios discrecionales y  la generación de credibilidad y confianza para la Institución.

Miguel Gutiérrez afirmó también que reforzará su lucha contra el contrabando a través de un estricto control en las fronteras guatemaltecas y dijo que la Superintendencia está obligada a actuar con transparencia y así obtener el  respaldo de la ciudadanía.

“Claramente, la institución cobrará otro nivel de complejidad y se necesita incorporar otros tipos de tecnología para mantener control y simplificar a ciudadano su interrelación con la propia institución”, añadió el nuevo funcionario en entrevista.

A pesar de no brindar datos sobre una meta de recaudación fiscal, si está seguro de que en primer lugar se debe evaluar la situación financiera actual del país y el impacto que tendrá la reforma fiscal.

Miguel Gutiérrez se graduó en Economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee un Master en Macroeconomía Aplicada en la Universidad Católica de Chile, cuenta tambi[en con amplios estudios en temas fiscales en la Universidad de Harvard y fue socio fundador de Central American Business Intelligence (CABI).

Por Susana Lima

El próximo 24 de marzo, se realizará la cumbre de presidentes centroamericanos en Guatemala, a la cual asistirá el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli quien rechazará la despenalización de las drogas como medio para combatir el narcotráfico, informó su canciller, Roberto Henríquez.

Henríquez explicó que la posición de Panamá durante esta cumbre, es de no estar de acuerdo con las bondades de despenalizar, postura compartida por varios países de la región. La cumbre fue convocada con el fin de analizar y discutir alternativas en la lucha contra el narcotráfico.

El canciller manifestó: esta posición no está escrita en piedra y la delegación panameña acudirá a Guatemala a escuchar los argumentos que puedan tener aquellos países que están promoviendo la despenalización.

Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos, mantuvo una reunión con los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) el pasado martes para deliberar sobre temas de seguridad regional.

Los mandatarios se reunieron posteriormente con Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, para conocer su propuesta de citar a los jefes de estado para debatir sobre estrategias alternas para combatir el narcotráfico, incluyendo la despenalización.

La cumbre se llevará a cabo el 24 de marzo en Guatemala y además de los presidentes centroamericanos también se ha invitado al presidente de México, Felipe Calderón y al de Colombia, Juan Manuel Santos, como lo anunciara Porfirio Lobo, presidente hondureño, el pasado viernes.

Según las autoridades, el narcotráfico y la pobreza son los mayores responsables de que Centroamérica sea la región más violenta del mundo, sobre todo en su llamado "triángulo norte", donde Honduras registra una tasa de 85 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador 65, y Guatemala 41, según la ONU.

Por Luisa Marquez

El Gobierno guatemalteco tratará, por diversos frentes, de discutir con funcionarios estadounidenses su propuesta de despenalizar el consumo de drogas.

La vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, afirmó el lunes que su país insistirá en la necesidad de legalizar las drogas como solución a la ola de violencia que ha generado el narcotráfico en la región y los pocos resultados que se han obtenido en su combate.

Por su parte, el Presidente Otto Pérez indicó que hablará sobre su propuesta de reforma legal a la Secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Janet Napolitano, durante la visita que ésta realizará dentro de una semana a Guatemala.

El Canciller Harold Caballeros, quien viajó ayer a Washington y se reunirá con la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, expuso que la intención del Mandatario es someter a debate en América Latina la despenalización, pero hizo hincapié en que el jefe de Estado guatemalteco no está planeando realizar una reforma inmediata.

Tenemos que ser claros en que el Presidente no está diciendo que va a legalizar la droga en Guatemala, sino que está diciendo que a él le parece que debería de haber algún debate hemisférico acerca de este tema. Es un proceso que va a durar por lo menos una década, pero lo importante es que se inicie en algún momento. Él está pensando que debe haber una alternativa a todo este costo de muerte y dinero en el combate del narcotráfico, aclaró.

Aunque Pérez comentó que no pedirá a sus pares latinoamericanos que fijen cuanto antes una postura sobre la cuestión, sí reveló que solicitará a los Presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de México, Felipe Calderón, que también propongan que se discuta el tema en el próximo encuentro de líderes del Sistema de Integración Centroamericano en junio.

Pérez culpa a los cárteles de las drogas de los altos índices de violencia en Guatemala, un país de 13 millones de habitantes invadido por pandillas y miembros del narcotráfico mexicana, donde hay una tasa de homicidios de 41 muertes por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De acuerdo con Washington, 90 por ciento de la cocaína que es traficada desde Sudamérica, especialmente de Colombia, hacia Estados Unidos pasa por territorio marítimo y terrestre de Centroamérica.

Para Costa Rica, por ejemplo, la despenalización de las drogas generaría, en principio, mayor consumo de dichas sustancias, pues se reduciría la percepción de riesgo, manifestó Patricia Orozco, directora del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (Iafa) de ese país.

En tanto, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses, se mostró a favor de abrir un debate sobre la conveniencia de despenalizar las drogas como estrategia de lucha contra el narcotráfico.

El planteamiento guatemalteco debe ser tomado en cuenta, porque la cuestión de las drogas y su combate debe abordarse desde las diferentes perspectivas a fin de encontrar una salida a los problemas de salud y seguridad que causa el narcotráfico, apuntó Roses.

Durante sus primeros días en el Gobierno, Pérez ordenó al Ejército de su país coordinar acciones con las fuerzas de seguridad para neutralizar a los grupos del crimen organizado y el narcotráfico.

Según sus palabras, esto se podía lograr mediante el empleo del poder militar para la recuperación y mantenimiento del control de los espacios aéreos, marítimos y terrestres, realizando operaciones de apoyo interinstitucional.

Por Lara Holmes

La Unión Europea (UE) reanudará oficialmente las rondas negociadoras para un acuerdo de asociación con todos los países centroamericanos la semana próxima en Bruselas, entre los que también estará Honduras, cuya crisis política causada por el golpe de Estado de junio motivó la suspensión del proceso.

Así lo anunció hoy la Comisión Europea (CE), que subrayó en un comunicado que volverá al trabajo con representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica la semana que viene, cuando mantendrá paralelamente una ronda con Colombia y Perú para conseguir un tratado de libre comercio que puede ser definitiva.

Además, señaló que Panamá seguirá participando en las rondas de negociación como observador, mientras que ya se han iniciado procedimientos internos tanto en la UE como en Centroamérica para formalizar su total calidad de socio en las negociaciones, tal y como había solicitado este país.

Los negociadores europeos y centroamericanos se reunirán de nuevo entre el 22 y el 26 de febrero para retomar las conversaciones sobre el acuerdo de asociación birregional UE-Centroamérica, con el objetivo de concluir rápidamente unas negociaciones ya muy avanzadas, destacó la Comisión.

Recordó que este tipo de acuerdo pretende reunir a ambas regiones en una asociación global que cubra el diálogo político en asuntos como derechos humanos, cambio climático, ciencia y tecnología y gobernanza global, así como la cooperación y el libre comercio.

En ese apartado, ambos bloques se garantizarán mutuamente un acceso preferente a sus productos, servicios e inversiones.

La Comisión recordó que la UE es un mercado importante para los productos de América Central, como bananas, café, gambas o pescado, pero también para muchos productos manufactureros, al tiempo que destacó que esa región también tiene un enorme potencial como destino para las exportaciones e inversiones europeas.

El Ejecutivo comunitario también informó de que se ha acordado un programa intensivo de negociaciones que incluye una mini-ronda comercial a finales de marzo para impulsar este apartado del acuerdo, el más complejo de todos, y una nueva ronda con los tres pilares (diálogo político, cooperación y comercio) en abril.

El objetivo de europeos y centroamericanos sigue siendo firmar el acuerdo de asociación el 18 de mayo en Madrid, con motivo de la cumbre euro-latinoamericana que se celebrará bajo la Presidencia española de la UE.

El jefe negociador de Costa Rica, Roberto Echandi, manifestó a Efe su optimismo ante la reanudación de las negociaciones, que ya estaban resueltas en un 95 por ciento cuando el golpe que derrocó a Manuel Zelaya de la presidencia hondureña provocó la suspensión de las mismas.

Echandi afirmó que espera avances importantes en el área normativa del capítulo comercial, el acceso a mercados, las normas sanitarias, la defensa comercial o los obstáculos técnicos al comercio, y destacó que pretenden llegar a la ronda de abril con muy pocas áreas por cerrar.

También dijo que Costa Rica espera mejorar las condiciones de acceso a la UE de productos como el banano, el azúcar, la carne, el arroz, los productos con alto contenido en azúcar y el ron, así como para los servicios y las compras públicas.

Por su parte, Nicaragua informó de que su canciller, Samuel Santos, estará la semana próxima en Bruselas, donde seguirá de cerca los progresos de la negociación.

Por Lara Holmes

La Corte Plena de Costa Rica acordó el año pasado elevar de 8 a 12 años el pago por cesantía para todos los empleados judiciales, sin contar en ese momento con el dinero para financiar el beneficio.

Los magistrados tomaron la decisión el 11 de mayo del 2011 por pedido de las asociaciones de empleados y quedó en firme el 23 de junio de ese mismo año.

Dicha disposición entrará en vigencia a partir del 23 de junio de este año para todos los funcionarios judiciales, incluyendo a los magistrados. En el Poder Judicial laboran 9.758 personas.

El auxilio de cesantía es una indemnización que el patrono les paga a los trabajadores cuando son despedidos con responsabilidad patronal o porque quedan cesantes.

Antes, el Poder Judicial tenía un tope de cesantía de ocho años; es decir, se pagaba un mes de salario por cada año de servicio hasta por un máximo de ocho años.

El aumento a 12 años regirá en momentos en que la crisis financiera obligó a la Corte a recortar gastos como, por ejemplo, la partida para el nombramiento de funcionarios sustitutos. La aplicación del ajuste será gradual.

A los empleados que salgan después del 23 de junio, se les pagarán nueve años de cesantía y a quienes salgan después del 23 de junio del 2013, 10 años. Quienes se retiren un año después, recibirán pago por 11 años y quienes se vayan al año siguiente, por 12 años.

Dicho incremento fue aprobado con el voto de 10 magistrados de los 17 presentes. En la sesión estaban cinco magistrados titulares y 12 magistrados suplentes.

Para conocer este tema hubo problemas para integrar la Corte, pues los magistrados titulares y los suplentes, que son jueces, se inhibieron tras alegar que cualquier decisión podría beneficiarlos.

Según el acta de la sesión del 2011, Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, advirtió en una nota: Ni en el presupuesto 2011 ni en el presupuesto 2012, se han incluido recursos para atender el impacto que tendrá el aumento en el número de años, por el concepto de cesantía.

Este hecho generó que la magistrada María del Rocío Carro Hernández solicitara un informe financiero para conocer el impacto económico en el presupuesto.

Francisco Arroyo Meléndez, jefe de Personal del Poder Judicial, quien asistió a la sesión, dijo que efectivamente los recursos no están incorporados para disponer de ellos en este momento (...) pero hay que señalar que el Poder Judicial tiene modificaciones presupuestarias que podrían darle contenido.

Indicó que anualmente se presupuestan plazas cuyo proceso de selección es más lento, lo cual genera pequeños ahorros que al final suman entre ¢3.000 a ¢6.000 millones (USD 5 a 11 millones), que podrían destinarse para cubrir el aumento del tope de cesantía.

Arroyo estimó que el costo será de unos ¢500 millones (casi un millón USD) adicionales.

Alfredo Jones dijo a los medios locales que, en acatamiento al acuerdo de los magistrados, ya se tomaron las previsiones presupuestarias para los años 2013, 2014 y 2015.